Desde SINDESENA, nos encontramos una vez más en la necesidad de levantar nuestra voz en defensa de los principios fundamentales que rigen nuestra institución, específicamente en lo relativo al respeto por el talento humano y la libertad de expresión. La situación que enfrentan nuestros compañeros, víctimas de decisiones arbitrarias por parte de la alta dirección, particularmente aquellos que han sido injustamente desplazados o “exiliados” por expresar su disconformidad con algunas de estas decisiones, demanda nuestra atención inmediata y una acción decidida.
En el centro de esta situación preocupante se ubican decisiones arbitrarias tomadas por la Dirección General del SENA, las cuales han vulnerado la integridad y los derechos de varios empleados. Específicamente, nos referimos al caso de funcionarios de la Oficina de Comunicaciones, quienes fueron asignados de forma inapropiada para supervisar contratos relacionados con las campañas «Campesena» y «Full Popular». Estas asignaciones pasaban por alto el ámbito de experiencia y conocimiento de los implicados, y, además, estaban basadas en una ejecución que contradecía las especificaciones geográficas y contractuales claramente establecidas, las cuales dictaban su realización en la ciudad de Bogotá, y no en Valledupar, como incorrectamente se manejó. Este enfoque, no solo ignora las competencias de los compañeros, sino que además contradice la lógica operativa, pues mientras se mantenía a los contratistas en Valledupar, la ejecución efectiva del contrato estaba prevista para Bogotá. Tal situación genera serios cuestionamientos sobre la racionalidad y ética detrás de las decisiones administrativas de la Dirección General.
