Por fin fueron publicados los informes de la misión de empleo. Una larga espera en tiempos de pandemia acompañó el desarrollo de esta misión dirigida por los economistas Santiago Levy (México) y Darío Maldonado (Colombia)[1].
La misión muestra un balance general según el cual dos dimensiones problemáticas del “mercado laboral” impiden tener una sociedad más próspera e incluyente: la de bienestar social y la de crecimiento económico. En la de bienestar social se incluyen factores salariales y prestacionales y en la de crecimiento económico se relacionan factores de productividad y acomodo de las empresas a entornos cambiantes (del progreso tecnológico).
Comencemos por la segunda. En relación con el crecimiento económico los autores reseñan la baja productividad del trabajo y la escasa pertenencia (así como elevado costo) de la formación con el ejercicio de determinada profesión. En esta dimensión, por supuesto, es señalado al SENA, pues de acuerdo con los autores, es la descoordinación entre la entidad de formación profesional, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, el factor que explicaría la escasa pertinencia de la formación con el ejercicio del trabajo.
Esta aseveración, sin embargo, resulta contradictoria con el balance del mercado de trabajo que realiza la misión, la cual describe una cantidad elevada de empresas pequeñas y familiares (más de 7 millones) generando dos o tres puestos de trabajo y cerca de un tercio de la población trabajadora que actúa como “cuenta propia”. En ambos casos, según los autores, se han creado incentivos para no asumir los costos de la formalidad (aportar a salud y pensiones en lo que corresponde). ¿Cuál es el criterio de pertinencia en este escenario?
En los informes de la misión se reitera que Colombia es un país que carece de empresas grandes, las cuales tendrían el potencial de asumir los costos de la protección social y responder mejor al cambio tecnológico o inclusive a los choques ocasionados por circunstancias como las de una pandemia.
No obstante, nada se describe y mucho menos se infiere sobre las características del modelo económico y sus implicaciones para que no exista ni trabajo de calidad ni consolidación de empresas grandes o medianas. Por ejemplo, resulta nulo un análisis sectorial del empleo en el informe principal (que sustenta las recomendaciones), y en consecuencia nada se dice sobre las implicaciones de un país que presenta crecimiento económico sin empleo; no existe cuestionamiento sobre la especialización del país como extractor y productor de materias primas y el deterioro progresivo de la industria. En consecuencia, tampoco hay alusión a la necesidad de que el Estado genere políticas de fomento a la industrialización, a la innovación y progreso científico y al desarrollo agropecuario en condiciones de equidad y ajustado a circunstancias tan trascendentales como el cambio climático.
En tal sentido resulta injusto y fuera del lugar un señalamiento al SENA como responsable de la “pertinencia con el entorno productivo”.
Otro elemento estructural que carece en el análisis de la misión es el cuestionamiento a la desigualdad, carencia que estaría relacionada con la dimensión de protección social.
Siguiendo la tradición típica del neoliberalismo en aspectos distributivos, la misión reitera en la necesidad de cortar “costos no salariales” como los aportes a las cajas de compensación, eliminar el salario mínimo como factor de referencia en aportes a salud y pensión, y universalizar por abajo derechos como el acceso a la salud y la garantía de ingreso en la vejez. La pretensión es obligar al cumplimiento de la ley (formalizar a toda costa), sin importar que esto implique ahondar en la espiral de desigualdad de ingresos. Así, el llamado es a un ¡“basta ya!” a la solidaridad de los trabajadores formales en la financiación de derechos y servicios que se irrigan a la población trabajadora sin contrato de trabajo. Este tipo de razonamiento ya lo habíamos reseñado en anterior boletín sobre la reforma tributaria del exministro Carrasquilla, la cual estimulaba una lucha entre pobres contra vulnerables.
Con este argumento, la misión propone suprimir parte del “costo” de aportes de las empresas a las cajas de compensación, y transferir su financiación a la tributación general (no se explica con cuál impuesto). Esto es, nuevamente se ataca la parafiscalidad para supuestamente estimular la formalización. Esto ya también lo conocemos, sustentando como “costo no salarial” (y de paso transferencia no merecida del empleo formal al informal) lo que en realidad es salario social, es decir, aquella parte del salario pagado por el empresario que repercute en beneficios del trabajador y su clase social, como son la protección de la infancia y la adolescencia (ICBF), la formación profesional integral (SENA) y la protección, cuidado y bienestar de la familia (Cajas de Compensación).
Esta propuesta de “lucha de clases” en la propia clase trabajadora, la clase formal contra la informal, es la que soporta también la idea de contribuciones a la salud y las pensiones por debajo del salario mínimo, estableciendo una propuesta de pilares que en realidad encubre una propuesta de supresión del salario mínimo y la predominancia de otras formas de contratación que serían formales, pero con menores remuneraciones.
Surgen a propósito preguntas como: ¿por qué la misión no muestra los efectos sobre el “mercado laboral” de la tributación regresiva en Colombia?, ¿por qué no se muestran las tendencias de concentración del ingreso y sus fuentes? Sin lugar a dudas esto mostraría a quién realmente beneficia un “mercado laboral” desequilibrado y la razón de supuestos “incentivos perversos” en contra de la formalidad.
Y es que el tema de la formalidad y su búsqueda es algo reiterado en los balances y propuestas, una característica del informe que se sustenta en una visión legalista y distributiva que en realidad resultan neutrales ante la exclusión y la desigualdad.
En esta deconstrucción de las implicaciones del diagnóstico y las propuestas de la misión y el carácter incompleto y sesgado del informe principal, se encuentra un factor fundamental de explicación: la causalidad.
De acuerdo con el informe principal de la misión, la existencia de un mercado laboral «desequilibrado» (con prevalencia del desempleo, con alta informalidad, etc.) es consecuencia de una serie de políticas (leyes, decretos, etc.) “aisladas”, las cuales han generado “incentivos perversos” a las empresas y a los trabajadores (cuenta propia, por ejemplo) para no ser formales.
En esta relación de causalidad (lo que causa determinado efecto) una crítica es pertinente: es irreal la premisa de que las normas se generan en la espontaneidad y después los agentes económicos se acomodan. Es todo lo contrario, las reformas son realizadas atendiendo a las necesidades del sector mayoritario en la correlación de fuerzas políticas.
En un país con exclusión social y política estructurales, coordinado por el ejercicio de la violencia, que masacra sus sindicalistas, sus defensores de derechos humanos, sus ambientalistas y demás reclamantes de derechos, la correlación de fuerzas políticas que han soportado la expedición de normas y reformas (al código sustantivo del trabajo, por ejemplo) no ha sido para atender mejores y más derechos de los trabajadores. De esta manera, es falso que las reformas hayan creado incentivos perversos, la real causalidad ha sido que los incentivos perversos han sido una creación de políticas fundadas en la racionalidad neoliberal y en el privilegio a los intereses de las empresas.
No fue la espontaneidad de la ley lo que hizo que las empresas dejaran de pagar recargos nocturnos y horas extras a los trabajadores, tampoco surgió de la nada la privatización de la salud y las pensiones o las reformas al contrato de aprendizaje y a la financiación del SENA. Esto es, el escenario cruel que señala el informe principal de la misión sería consecuencia de la mayor explotación[2] y pérdida de derechos de los trabajadores en razón a la promulgación de normas coordinadas (y no “aisladas”) por intereses empresariales y rentistas sobrerrepresentados en el ejecutivo y el legislativo.
Para finalizar conviene señalar que SINDESENA Junta Nacional ha realizado un ejercicio de construcción propositivo en el que se rescata la centralidad del trabajo, mostrando la necesidad de reconocer la generación de valor y la formación profesional integral de forma independiente a la existencia o no de formalidad en la relación de trabajo. El proyecto de fortalecimiento analiza los límites del modelo económico vigente y la necesidad de transformarlo para crear puestos de trabajo en condiciones estables y dignas, siendo el Estado un motor principal para estas transformaciones. Verlo acá
https://drive.google.com/file/d/1JSVTRTrYR_dya2njMH8MK_naUrQPBEMb/view
Ahora bien, se rescata en los informes de la misión propuestas como la financiación estatal de esquemas de protección al desempleo, la mayor vigilancia y fiscalización del cumplimiento de los deberes laborales de las empresas, así como preocupaciones sobre el trabajo femenino. Sin embargo, tales propuestas loables quedan opacadas por la continuidad de falsas y sesgadas premisas como asimilar salario social como costo y colocando en disputa los supuestos privilegios entre la propia clase social trabajadora para encubrir la desigualdad. Estas no pueden seguir siendo recetas a atender, mucho menos en un país convulsionado por la desigualdad, la violencia y que reclama transformación estructural.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
[1] Los productos de la misión se encuentran disponibles en: https://www.misionempleo.gov.co/Paginas/index.aspx (revisado: 13 de enero de 2022).
[2] Conviene citar el trabajo realizado por el profesor Álvaro Moreno (Universidad Nacional de Colombia) sobre la dinámica de la explotación en Colombia durante el período de 1925 y 2018. Véase: https://www.portafolio.co/economia/noventa-y-tres-anos-de-conflicto-disruptivo-en-colombia-529088 (revisado: 13 de enero de 2022).