Desde la Regional Cauca encendemos las alarmas frente a la grave situación que atraviesa el SENA:
Entendemos que, jurídicamente, los ordenadores del gasto han sido catalogados como cargos de “libre nombramiento y remoción”, lo que otorga a la autoridad nominadora la facultad discrecional de designar y retirar funcionarios en cualquier momento. Condición que desde nuestra subdirectiva rechazamos profundamente, pues en la práctica se convierte en un mecanismo que permite usar las instituciones públicas como botín político, haciendo y deshaciendo sin criterios de mérito, estabilidad ni compromiso institucional.
En las últimas semanas, tras los relevos en la Dirección Regional Cauca y en los Centros de Teleinformática y Producción Industrial y Agropecuario, se habían iniciado procesos de reorganización y trabajo conjunto, confiando en que dichos cambios obedecían al propósito de mejorar la gestión institucional. Sin embargo, como si se tratara de un juego político y no de una entidad pública patrimonio de los colombianos, ahora circulan rumores sobre la intención de intervenir la única Subdirección que aún no había sido tocada: el Centro de Comercio y Servicios.
¿BIENESTAR? ¿O ES POLITIQUERÍA?
Los cambios que se han venido presentando en distintas regionales del país generan preocupación, en la medida en que no siempre parecen obedecer a criterios técnicos orientados al fortalecimiento de la formación profesional. Por el contrario, existe el riesgo de que se perciban como decisiones influenciadas por prácticas ajenas a la misión del SENA, lo que puede afectar la estabilidad laboral y la calidad de la formación. En ese sentido, desde la Regional Cauca consideramos fundamental que se garantice la transparencia y el mérito en los procesos de designación, evitando que situaciones de este tipo se presenten en nuestro territorio.
Con la cercanía de la Ley de Garantías, se ha desatado una feria de nombramientos provisionales, muchos de ellos entregados a personas sin la experiencia ni el mérito requerido, ignorando la labor de instructores y contratistas que durante años han sostenido la institución con trabajo honesto y responsable.
El desorden se agrava cuando incluso los permisos y garantías sindicales son utilizados como moneda de cambio y no bajo criterios de proporcionalidad y de uso realmente justificado. Se asignan a sindicatos sin representatividad real, mientras se margina a las organizaciones que efectivamente han defendido los derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de la institución. Este tipo de actuaciones, lejos de fortalecer la democracia interna, se prestan más para prácticas antisindicales que desconocen el papel histórico y legítimo del movimiento sindical en el SENA.
