Con profunda preocupación, Sindesena informa sobre la existencia de presuntos hechos que estarían afectando la transparencia en los procesos de contratación y la dignidad de las personas que laboran en la entidad. En concreto, hemos recibido una importante cantidad de señalamientos de varias fuentes referidos a posibles favorecimientos para la vinculación de personal nuevo en la vigencia 2026 atribuibles a la exigencia de cuotas burocráticas por parte de grupos políticos; presuntos actos de acoso laboral dirigidos contra contratistas actuales que menoscaban su integridad y condiciones de trabajo; y presuntas prácticas de discriminación por razones de género en decisiones y trato laboral cotidiano. Entre las presuntas acciones están las que atentan contra la dignidad de las personas en razón de su apariencia, con comentarios degradantes, homofóbicos y sexistas. De igual manera, se señala la presunta coacción para apoyar candidaturas políticas de cara a las elecciones del 2026, y señalamientos de que las personas que serían contratadas en esa vigencia serían solamente las adscritas a estos apoyos políticos y los “amigos” de quien tiene a su cargo la contratación.
Estas manifestaciones se hacen en calidad de presunciones sujetas a investigación y, en ningún caso, constituyen una individualización de responsabilidades sin el debido proceso. Pero, de confirmarse, las conductas descritas contravendrían principios fundamentales como la igualdad, el mérito y la dignidad humana, y podrían derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.
Nos preocupan así mismo los intentos de filtración de informaciones que han dificultado avanzar en las indagaciones y que han sembrado dudas en los denunciantes. Por ello, Sindesena mantendrá su función de control social y sindical sobre los procesos de contratación y la gestión administrativa de la entidad, promoviendo mecanismos de veeduría y documentación de irregularidades, con especial énfasis en el proceso de contratación 2026 previo a la fecha de inicio de la ley de garantías.
