Los y las trabajadoras del SENA estamos padeciendo, en esta administración, una preocupante improvisación en la gestión directiva, caracterizada por alta rotación y vacíos en el ejercicio de funciones estratégicas. Hoy alertamos en particular, sobre la Secretaría General, cargo que, según el Decreto 249 de 2004[1], tiene responsabilidades misionales de dirección, coordinación y control de los procesos administrativos y de talento humano de la entidad. Sin embargo, actualmente no garantiza una gestión técnica, oportuna y humanizada, indispensable para el adecuado funcionamiento institucional y la protección de los derechos laborales.
En materia de infraestructura y condiciones laborales, persiste un hacinamiento crítico en varias dependencias de la Dirección General, como el piso 9 de la Torre Sur y el mezanine donde opera el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST; a esto se suman fallas graves en los servicios básicos: sanitarios fuera de servicio[2] y continuidad de labores durante cortes de agua casi a diario, sin que la Secretaría intervenga para activar medidas de contingencia o ajustar los horarios. Incluso, no se garantiza un servicio básico como la cafetería en la Dirección General, afectando directamente el bienestar de los trabajadores.
En cuanto a la atención humanizada y la gestión en salud laboral, la Secretaría General ha mostrado total inacción frente a casos con valoración de alta criticidad en salud, sin protocolos claros de acompañamiento. Tal como denunciamos el pasado 8 de agosto, incluso con una orden judicial de reubicación y un proceso de desacato en curso, no ha dado cumplimiento a la sentencia. Esto va en contravía de lo establecido en los acuerdos colectivos[3]
Tampoco existe una política de administración del talento humano ni una política integral de salud mental laboral, lo que ha derivado en un preocupante aumento de acoso, hostigamiento y violencia laboral, vulnerando la Ley 1010 de 2006 y el deber de prevención que corresponde al empleador. Las cifras oficiales muestran un incremento de casos sin resolver, situación que motivó la intervención del Ministerio del Trabajo y que evidencia la incapacidad para garantizar un entorno laboral saludable. Más grave aún es la omisión frente a recomendaciones médicas, como en el caso de las funcionarias del Distrito Capital, comunicado mediante el No. 72025293017, sin que a la fecha exista respuesta.
Se registraron retrasos injustificados en la contratación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para trabajadores administrativos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Distrito Capital, Guajira, Guainía, Guaviare, San Andrés, Putumayo, Sucre, Vaupés, Vichada y Dirección General. El contrato, a cargo de la Secretaría General, se adjudicó apenas en la primera semana de julio y su ejecución no avanza, generando una sobreoferta de capacitaciones en el último trimestre, cuando el personal administrativo enfrenta actividades de cierre de año y planeación del 2026. A ello se suma el incumplimiento en la entrega de ropa de trabajo, cuyo contrato, de acuerdo con el SECOP, fue adjudicado el 5 de agosto, con plazo de la entrega hasta el 29 de octubre, cabe recordar que la ropa de trabajo se debe entregar en el primer semestre del año[4].
[1] Ver: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33418 – https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Documents/Estructura_Organica_SENA_%20PP_dao.pdf
[2] Cortes de agua de los últimos que conocemos ha sucedido desde el 30 de julio hasta la mañana del el 31 de julio y sin comunicación alguna por parte de la secretaria general del SENA
[3] Acuerdo colectivo 2018 – Punto 1.3, Acuerdo 2022- Punto 1.3, 1.4
[4] Ver Circular no. 025- 2025
