Entre el 10 y el 15 de noviembre pasados se desarrolló una comisión internacional derivada del Convenio No. 4 de 2025 entre el SENA y OIT/CINTERFOR, orientada a reconocer de primera mano las experiencias de Uruguay en formación profesional, políticas de empleo, organización sindical y diálogo social, mediante reuniones con la UTU, PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte, el Ministerio del Trabajo, INEFOP y CINTERFOR.
Uno de los principales hallazgos fue la diferencia estructural entre el modelo uruguayo y el colombiano. En Uruguay, la formación profesional está ampliamente tercerizada y financiada mediante un aporte parafiscal administrado por INEFOP desde 2008. Esta entidad gestiona recursos, define la pertinencia de la oferta en espacios tripartitos y contrata a Entidades de Capacitación —en su mayoría privadas— o a la UTU, única institución pública de este tipo. Este modelo se asemeja al propuesto en Colombia mediante el Decreto 2149 de 1992, que pretendía convertir al SENA en un simple financiador de la formación.
Aunque el esquema uruguayo favorece la flexibilidad al no depender de registros calificados, presenta debilidades en la evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de la formación. Adicionalmente, la UTU se destacó como una institución pública consolidada, con fuerte presencia en la educación secundaria y programas con énfasis técnico que facilitan la inserción laboral, semejantes a la articulación con la media técnica en Colombia.
No obstante, SINDESENA mantiene serias reservas frente al sistema de cualificaciones impulsado en Colombia, pues compromete la autonomía curricular, pedagógica y presupuestal del SENA. A pesar de que la Dirección de Formación Profesional ha expresado públicamente su desacuerdo con este enfoque y que en diciembre de 2024 se emitió un lineamiento reivindicando la autonomía del SENA, el delegado de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en la comisión asumió una postura opuesta y buscó vincular a otras organizaciones sindicales en el Comité Técnico de Cualificaciones, pese a su desconocimiento del tema y su alineación automática con una propuesta que amenaza la misión pública del SENA y restringe el acceso de poblaciones sin educación formal.
