La Subdirectiva Boyacá del Sindicato de Empleados Públicos del SENA – SINDESENA expone con profunda preocupación que en la Regional Boyacá persisten conductas administrativas que aparentemente vulneran derechos fundamentales de trabajadores, trabajadoras y aprendices, afectando gravemente el clima laboral, la convivencia institucional, la libertad sindical y el derecho a un ambiente de trabajo digno y respetuoso.
Manifestamos seria preocupación por un patrón de situaciones reportadas, que, según diversos testimonios, involucran eventuales casos de hostigamiento, posibles presiones indebidas, indicios de acoso laboral, manifestaciones percibidas como violencia de género y comportamientos que parecerían contradecir los principios de respeto, equidad y ética pública. Los testimonios recibidos por SINDESENA en distintos espacios y momentos reflejan hechos similares que, por su reiteración y alcance, requieren especial atención institucional con el fin de descartar que se trate de un patrón sostenido que esté afectando el clima laboral y los derechos fundamentales.
En virtud de lo anterior, y actuando en cumplimiento del deber legal consagrado en el artículo 38, numeral 25 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que obliga a los servidores públicos a poner en conocimiento las faltas disciplinarias, contravenciones y delitos de los cuales tengan conocimiento, SINDESENA expone públicamente esta situación que ha sido reportada por múltiples actores institucionales.
Como SINDESENA, nos preocupa que ya son múltiples las comunicaciones en las que se reportan hechos como presunto hostigamiento y presiones constantes hacia trabajadores y contratistas. Asimismo, se han manifestado inquietudes sobre traslados percibidos como arbitrarios y como posibles formas de retaliación; la generación de ambientes laborales descritos como marcados por el miedo y la desmotivación; y posibles obstáculos a la labor sindical a través de actos interpretados como deslegitimadores de nuestra organización. También se han señalado conductas que algunas trabajadoras han percibido como violentas o discriminatorias. Estas denuncias podrían estar evidenciando un aparente patrón de comportamientos que contravendrían los principios de respeto, dignidad y garantía de derechos que deben regir el servicio público.
