Denuncias de incumplimientos y vulneración de derechos
Desde la Junta Nacional de SINDESENA manifestamos profunda preocupación por las múltiples quejas que venimos recibiendo a nivel nacional relacionadas con el contrato de vigilancia del SENA. Esta situación afecta directamente a los trabajadores tercerizados que prestan un servicio fundamental para la protección de bienes públicos y la seguridad de la comunidad educativa en las 33 regionales.
Durante las últimas semanas hemos recibido denuncias constantes sobre:
- Falta de dotación y elementos de protección personal.
- Incumplimientos en pagos de recargos nocturnos y turnos.
- Desorganización en la entrega de información a las supervisiones de contrato.
- Vulneración de derechos laborales fundamentales.
El pasado 29 de julio, en diálogo con la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), SINDESENA presentó hallazgos que demuestran fallas en la supervisión y ejecución del contrato. Solicitamos acciones inmediatas para corregir estas problemáticas y garantizar condiciones dignas a los trabajadores de vigilancia.
El contrato se encuentra dividido en cinco zonas de cobertura nacional y el costo total es de $124.813.556.651.
- Zona 1: Guajira, Cesar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, San Andrés, Sucre.
- Zona 2: Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Santander, Meta.
- Zona 3: Tolima, Risaralda, Quindío, Chocó, Antioquia.
- Zona 4: Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Huila.
- Zona 5: Amazonas, Distrito Capital, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada.
Cada zona tiene una regional líder (Bolívar, Casanare, Caldas, Cauca y Dirección General), pero estos supervisan a distancia, lo que dificulta un conocimiento real de lo que ocurre en las sedes, permitiendo que situaciones graves pasen desapercibidas. Para esta organización sindical el actual contrato con sistema de Zonificación convierte la Supervisión en lejana e ineficiente.
Casos críticos reportados
- Regional Magdalena: En visita de la DAF Yenni Mercedes Soto Vergel Coordinadora de Servicios Generales a inicios del presente mes con la subdirectiva Magdalena, se detectó a un vigilante portando un arma de fuego no contemplada en el contrato. El vigilante aseguró que se trataba de un arma traumática de uso personal. Esta situación va en contra de la normatividad laboral y posiblemente viola la legislación penal colombiana, poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa.
