Tal parece que para el año 2026 seguiremos siendo testigos del clamor de los profesionales de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera – DAF – de la Dirección General por falta de condiciones para ejercer adecuadamente las supervisiones de obras que le son asignadas y continuarán los reclamos de SINDESENA por la falta de acciones contundentes ante los retrasos e irregularidades en el desarrollo de las obras.
Y es que en comunicación enviada por varios funcionarios al Director General, advierten que en la apertura presupuestal de la entidad para el 2026, fueron reducidos los recursos para la contratación de profesionales de apoyo técnico y financiero especializados para las supervisiones y tan sólo en el área de Infraestructura de la DAF, se enfrentan a la reducción en diez contratistas especializados, disminuyendo ostensiblemente la capacidad para asegurar el adecuado seguimiento a la ejecución de las obras, su liquidación y cierre.
Actualmente, el Grupo de Infraestructura tiene a su cargo contratos en ejecución cuyo valor asciende a $219.117.092.052,74; contratos en estado para liquidar cuyo valor asciende a $59.457.625.615,96 y contratos en procesos de incumplimiento y/o controversias contractuales por valor de $129.540.567.996,14.
Le recuerdan al Director General, que la supervisión contractual implica obligaciones de seguimiento permanente, verificación técnica, control de plazos, revisión y validación de informes y pagos, gestión de riesgos y aseguramiento del cumplimiento normativo. Estas actividades, en numerosos casos, demandan competencias técnicas especializadas que exceden la capacidad operativa individual del supervisor; por ello, el apoyo técnico constituye un mecanismo esencial para garantizar el control y la protección institucional.
Manifiestan en su misiva que la ausencia de estos apoyos puede generar, entre otros, los siguientes riesgos:
- Debilitamiento del control técnico, administrativo y financiero de los contratos.
- Incremento de incumplimientos contractuales no detectados oportunamente.
- Posibles pagos indebidos o ejecución deficiente de los recursos públicos.
- Sobrecarga funcional del supervisor, afectando la calidad y oportunidad del seguimiento.
- Observaciones de los entes de control a la entidad y al supervisor.
- Riesgo de detrimento patrimonial derivado de fallas en el seguimiento contractual.
