A comienzos del mes de junio del presente año el compañero Diego Yáñez afiliado SINDESENA en la regional Norte de Santander, líder estudiantil, sindical y político en el COES Nacional, organización estudiantil que trabaja de manera conjunta y permanente con SINDESENA, fue objeto de amenaza por parte del alcalde de una población de Norte de Santander; la administración del SENA no atendió con la debida inmediatez el caso y aplicó un protocolo de seguridad que ha sido modificado de manera unilateral, hecho que deploramos y sobre el cual solicitamos urgente revisión y ajuste, pues está de por medio la vida e integridad física de nuestro compañero.
El 1 de junio el compañero Diego Yáñez recibió amenazas directas por parte del alcalde del municipio de Gramalote, ciudad en cuyo parque se encontraba departiendo con su familia cuando primero fue agredido por un desconocido, sin motivo alguno; posteriormente simulando pedir disculpas, ese mismo individuo lo sujetó fuertemente de la mano y acto seguido llegó el alcalde de la ciudad quien presuntamente le manifestó que «tenía 18 tiros para pegarle» mientras llevaba su mano hacia la espalda simulando portar un arma de fuego, pero la policía intervino y retiró al alcalde de lugar. Luego cuando el compañero Diego se alejaba del lugar se le acercó una persona que lo seguía y le dijo que “se tenía que cuidar mucho», lo que aumentó considerablemente su nivel de inseguridad y la percepción de amenaza real contra su integridad física.
En cumplimiento del protocolo, Diego Yáñez radicó el 4 de junio denuncia en la fiscalía por amenaza contra su vida luego de lo cual el 5 de junio la fiscalía le asignó el caso a la servidora Lina García del Grupo de Trabajo de Amenazas (DECVDH – GTA) Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos para el trámite correspondiente. Por su parte el 10 de junio desde la Junta Nacional de SINDESENA se remitió comunicación a la doctora Manuela Valentina, Secretaria General, informando las amenazas de las que fue víctima el compañero, solicitando su intervención, la adopción del protocolo de seguridad y las medidas administrativas necesarias a fin de salvaguardar la integridad física y la vida del compañero en mención.
A pesar de ello, fue necesario incluir en la agenda del 26 de junio de la reunión de reubicaciones el caso, donde nuestra organización sindical solicitó información sobre las gestiones llevadas a cabo desde la Secretaría, constatando que a esa fecha solo habían respondido un correo solicitando el radicado de la denuncia ante la fiscalía, actuación esta que rechazamos y reiteramos la necesidad de que, en los casos de funcionarios amenazados, la Secretaría General coordine sin dilación y de manera inmediata, con el funcionario afectado y el subdirector del centro correspondiente, con el fin de analizar y concertar las medidas administrativas a adoptar, sin esperar y mucho menos pedir como requisito un pronunciamiento de la Unidad de Protección Nacional UNP, puesto que esos procesos son muy demorados.
Reiteramos la solicitud de atención urgente y de fondo a estas situaciones en las que está de por medio la vida de los dirigentes, cuya situación en algunos casos demanda una reubicación, sin condicionar las decisiones al concepto de la UNP (Unidad Nacional de Protección), el cual puede tardar un tiempo considerable, poniendo en riesgo la vida del funcionario.
