“De los recursos totales correspondientes a los aportes de nómina de que trata el artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico”
Ley 344 de 1996, Artículo 16.
Entre la improvisación y el autoritarismo, sin una etapa de transición, sin pedagogía institucional y sin lineamientos técnicos claros, se viene implementando la nueva política institucional de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo, adoptada mediante el Acuerdo 010 de 2024 para la ejecución de los recursos a los que se refiere el Artículo 16 de la Ley 344 de 1996. SINDESENA hace un llamado al cumplimiento de los compromisos de la Dirección de Formación Profesional sobre la implementación de la nueva política de competitividad y su articulación con SENNOVA.
A partir de la expedición del Acuerdo 010 de 2024 en diciembre pasado, la Dirección de Formación Profesional (DFP) inició un proceso de transformación profunda de lo que durante más de una década se ejecutó mediante la estructura del programa SENNOVA, el denominado sistema institucional de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Sin embargo, los hechos evidencian la manera desordenada y sin transición técnica ni pedagógica en la que se han abordado estos cambios:
- La convocatoria de proyectos se lanzó el 30 de diciembre, en pleno periodo de vacaciones colectivas, sin lineamientos claros ni tiempos razonables de preparación.
- Los proyectos presentados han sido evaluados con criterios inconsistentes y sin un proceso claro de verificación, valoración y priorización. Los pocos proyectos “aprobados”, quedan en listas de espera sin fechas definidas ni reglas transparentes para la asignación de recursos.
- La implementación de la nueva política se anunció sin haber construido previamente los lineamientos y procedimientos que la operativicen de forma coherente y participativa.
