Desde el primero de septiembre, una frase que lleva más de tres décadas acompañando a los colombianos vuelve a sonar en la radio y en las redes: “desde septiembre se siente que viene diciembre”, el célebre eslogan de las principales emisoras radiales. Para millones de hogares es la promesa de villancicos, natilla y reencuentro familiar. Para quienes tienen bajo su responsabilidad legal los recursos de infraestructura del SENA, esa misma cercanía de diciembre debería sentirse de una manera muy distinta: como la proximidad del 31 de diciembre, fecha en la que, por mandato del artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), toda apropiación que no se haya comprometido caduca, sin excepción, y no se traslada a la siguiente vigencia.
A esa carrera contra el calendario se suma, desde el pasado 10 de agosto, una urgencia que nadie tenía presupuestada. Ese día, un terremoto de magnitud 7,4 —el tercero más fuerte en la historia sísmica del país— sacudió el occidente de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, dejando cientos de muertos, miles de heridos y daños estructurales severos en ciudades como Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia y Cali.
Lo más alarmante es que los departamentos más golpeados por el sismo —Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas— figuran, según las propias cifras de ejecución del SENA, entre las regionales con peor desempeño de pagos de infraestructura del país: Chocó (99,97% de su presupuesto sin pagar), Valle del Cauca (92,06%), Quindío (91,57%), Risaralda (86,72%) y Caldas (84,18%). En otras palabras, las regionales que hoy más urgentemente necesitan reforzar, reparar o reconstruir su infraestructura llegaron a la emergencia con el presupuesto que debía protegerlas prácticamente congelado; y a la fecha sin ningún plan de acción claro y con respuestas de fondo por parte de la administración de la Dirección General de la entidad.
A nivel nacional, de una apropiación vigente de $219.723 millones para infraestructura, $69.888 millones —el 31,81%— continúan sin comprometer; si no se convierten en contratos legalmente perfeccionados antes del cierre de diciembre, esos recursos simplemente se pierden. De los $149.835 millones ya comprometidos (68,19%), apenas $69.543 millones —el 31,65% del total— se han pagado; el resto tendría que registrarse como “reserva presupuestal”, una figura que la propia disciplina fiscal del país reconoce como síntoma de una ejecución tardía, no como una solución.
