Por el trabajo digno y los derechos laborales conquistados, SINDESENA se moviliza este 11 de junio
Colombia enfrenta un momento definitorio en su historia reciente. La posibilidad de una reforma laboral que corrigiera décadas de precarización y exclusión, que garantizara derechos fundamentales para la clase trabajadora, ha sido secuestrada por intereses corporativos, traicionada por sectores del Congreso y convertida en una peligrosa contrarreforma redactada al servicio del gran empresariado.
La iniciativa de reforma presentada por el Gobierno, construida tras amplios espacios de diálogo social y con el respaldo de las centrales obreras, recogía aspiraciones largamente postergadas: formalización de sectores históricamente excluidos, reconocimiento de derechos para jóvenes aprendices, recuperación del recargo nocturno y dominical, fortalecimiento de la estabilidad laboral, y medidas para garantizar la libertad sindical. No era una reforma perfecta, pero sí representaba un avance real.
Sin embargo, lo que hoy está en curso es una contrarreforma regresiva, impuesta en la Comisión IV del Senado, que desmonta muchas de esas conquistas y vulnera de manera directa la dignidad del trabajo. Desde SINDESENA rechazamos de manera categórica este retroceso inaceptable.
¿Qué implica esta contrarreforma?
A continuación, solo algunos de los puntos más críticos y regresivos que debe conocer toda la clase trabajadora:
- Legaliza el trabajo por horas (Art. 37), eliminando en la práctica el salario mínimo mensual, la estabilidad laboral y las prestaciones sociales como primas, cesantías o vacaciones. Esta figura debilita profundamente la seguridad social y promueve la fragmentación del empleo.
- Niega la laboralidad del contrato de aprendizaje (Art. 23), perpetuando una figura sin derechos laborales ni garantías reales para los aprendices del SENA. Además, restringe su aplicación a programas de máximo dos años, desconociendo la duración de muchos programas de formación integral, y habilita que empresas privadas actúen como entidades formadoras. Esto debilita el rol del SENA como institución rectora de la formación profesional y abre la puerta a que se reemplacen trabajadores formales por aprendices, en un modelo empresarial de sustitución laboral disfrazado de formación dual.
- Debilita la obligación empresarial de cumplir con la cuota de aprendizaje y pone en riesgo los recursos de sostenimiento (Art. 25), al establecer una exención a la monetización que permite a las empresas evitar el pago si alegan no haber recibido aprendices. Esta medida crea un mecanismo de elusión sin controles claros, afectando directamente los recursos que hoy financian el sostenimiento económico de miles de aprendices y el Fondo Emprender. Al eliminar también la destinación específica del 50% de estos recursos a apoyos directos, se compromete gravemente la permanencia en formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
