La TUTELA, es una herramienta constitucional de protección de derechos fundamentales con la que contamos los ciudadanos colombianos y es sin lugar a duda una garantía frente a los abusos, la inequidad y la injusticia que cometen algunas personas contra otras, de algunas instituciones públicas o privadas contra la sociedad de manera individual o colectiva. Este mecanismo que a tantas personas favorece en nuestro contexto, ha tenido también personas o grupos de poder a los que le molesta e incluso se han atrevido a proponer eliminar este derecho de nuestra carta magna, afortunadamente ello no ha prosperado, y hoy seguimos contando con esta salvaguarda.
En el caso específico del SENA, por parte de SINDESENA y el COES en la acción de defensa de la institución, históricamente se ha ejercido de manera acertada y procedente el derecho a la tutela, para exigir la protección de derechos hacia la comunidad educativa en general, a lo largo y ancho del territorio nacional; dando como resultado que muchos jueces nos han dado la razón a estas.
No es nuevo, también que el uso de la tutela en el SENA, haya sido utilizado por administrativos y funcionarios adeptos a estos, o aprendices, o contratistas maleables, para intentar torpedear los procesos en defensa de la entidad que, realizan SINDESENA y el COES con el frágil argumento “de la vulneración del derecho al trabajo y el derecho a la educación y a la igualdad”, cuando precisamente, la realización de las asambleas o ceses académicos y administrativos, se dan es porque estos derechos se vulneran, por parte de las administraciones ante su falta de gestión y malos manejos.
