Estamos a aproximadamente una semana de la conclusión del trámite presupuestal para la vigencia de 2024 en el Congreso de la República, y aún no se define la deuda histórica de la nación con el SENA.
Puede parecer reiterado, quizás en exceso, pero seguimos exigiendo que el presupuesto del SENA sea coherente con las necesidades ingentes de la entidad en aspectos tan nodulares como infraestructura, formalización de la planta de personal y garantía de condiciones para la formación profesional integral (materiales, ambientes de formación, etcétera).
Ya lo hemos planteado y sustentado en pasadas comunicaciones: el presupuesto del SENA para 2024 debe ser del orden de 6,34 billones de pesos. Sin embargo, el texto aprobado en primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República fue de apenas 5,54 billones, esto es, 13% menos que lo requerido por la entidad. Con este faltante, además de carecer de recursos suficientes para atender los graves déficits acumulados de infraestructura de los centros y sedes, tampoco se cumpliría con los desafíos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en particular lo que tiene que ver con apuestas en materia de reagrarización y reindustrialización.
Siguiendo con el PND (ley 2294 de 2023), tampoco se estaría cumpliendo con disposiciones como la establecida en el artículo 316, en el cual se conmina al gobierno nacional a pagar la deuda que tiene con el SENA por la transferencia incompleta de recursos desde el nivel central entre 2013 y 2021 por incumplimiento de la garantía establecida en las leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016. Hasta el momento la mesa técnica no ha establecido el monto definitivo, y se especula con una adición mínima, la cual no corresponde con un plan de pagos real.
Es necesario reiterar que estos recursos adicionales, tal y como lo establece la ley del PND, deben servir para atender las demandas de reforzamiento estructural y mejoramiento de infraestructura de la entidad, y en simultaneidad apoyar los programas de formación para economías populares y comunitarias.
Esperamos que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el SENA, consensuen prontamente el valor de la deuda del gobierno nacional con la entidad de formación profesional, deuda sobre la que en los últimos análisis realizados coinciden los cálculos de la Dirección del SENA y los de SINDESENA, en un valor de $3.5 (cálculos de SINDESENA) billones de pesos.
De igual manera, hacemos un llamado al Congreso de la República para que acompañe este reclamo, el cual busca la protección del patrimonio de los trabajadores, tanto formales como aquellos de las economías populares y comunitarias y la garantía de un derecho como la formación profesional integral. Un cambio real únicamente puede materializarse con garantía de derechos, y para tal efecto se requiere plena financiación. Quizás esto sea una obviedad, pero dado el contexto y la urgencia, es bueno reiterarla.
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 12 de octubre de 2023
