Muy a pesar de que el gobierno de presidente Petro ha logrado avances en la política de paz total, bandera de su gobierno con la que pretende poner fin a las hostilidades y violencia que durante décadas han afectado al país, impulsando negociaciones con los diferentes grupos que han formado parte del conflicto armado por mucho tiempo y el sometimiento a la justicia de bandas criminales que operan en la nación, registramos con preocupación un clima enrarecido en materia de seguridad, especialmente para aquellos que han sido firmantes del acuerdo de paz y contra quienes participan en su implementación, como es el caso de los abogados y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
Así es, en lo que va corrido del año según el Consejo Nacional de Reincorporación, 15 firmantes de paz han sido asesinados por cuenta de grupos armados ilegales, principalmente en Cauca, Guaviare y Meta. De otra parte, en las últimas semanas, el presidente de la JEP Roberto Vidal, dio a conocer que además de las intimidaciones que han recibido dos abogados y una psicóloga, han sido víctimas de nuevas amenazas, los magistrados encargados de investigar los casos de “falsos positivos”, estas últimas por cuenta de las autodenominadas águilas negras.
Lamentablemente la comunidad del SENA no es ajena a esta grave problemática, esta vez en el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, donde cinco funcionarios de ese centro, entre los que se encuentra el subdirector y varios que desempeñan funciones de coordinación, han recibido amenazas, al parecer de diversos actores como las AUC, unos no identificados, con intimidaciones a través de llamadas o mensajes a sus celulares y otras como la del subdirector del centro Mauricio Betancur, con asedios por parte de motorizados. Los funcionarios son: Judy Milena Gutiérrez, Cristian Eduardo Meneses Reyes, Pablo Cortés Revelo, Mauricio Betacour y Lessi Salazar, a quienes se les ha orientado hacer los trámites correspondientes ante las entidades competentes, al tiempo que le hemos solicitado a la alta dirección del SENA el acompañamiento inmediato a tan delicada situación, que incluso ha motivado que algunos salgan de la ciudad con sus familias y a otros que soliciten licencia no remunerada. Más recientemente conocimos de una nueva amenaza recibida por el director regional doctor Fernando José Muriel, quien venia desempeñando también el cargo de subdirector de Centro, durante las vacaciones del titular.
Ya en meses anteriores en la regional del Valle, en el marco de una protesta que se llevaba a cabo en rechazo al nombramiento de un subdirector en Cartago, el compañero Oscar Leonel Noguera, ex fiscal de la subdirectiva de SINDESENA en el Valle, puso en conocimiento de las autoridades competentes, que estaba siendo víctima de seguimiento por parte de un motorizado que hizo presencia en cercanías a su casa y en su puerta, de manera sospechosa y que al parecer una situación similar habían identificado en los sitios de la jornada de protesta la vicepresidente de la subdirectiva Lady García y el integrante de la misma subdirectiva Diego Felipe Sáenz, quienes mencionaron de la presencia de motorizados rondando dichos sitios de manera intimidatoria y en tomando fotos.
Tales situaciones de tan diversas procedencias y actores, que generan una sensación de desprotección, en algunos casos, parecieran propender por paralizar las acciones encaminadas a esclarecer la verdad y en otros a fin de impedir que funcione la institucionalidad.
Expresamos nuestra solidaridad con quienes están siendo víctimas de estos hechos y hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes a actuar con celeridad en los diferentes casos; en el caso del SENA, solicitamos que atiendan con mayor humanidad a nuestros compañeros se definan medidas administrativas y acompañamiento a cada caso, al tiempo que invitamos a no guardar silencio frente a los mismos.
Atentamente,
Aleyda Murillo Granados
Presidente
SINDESENA JUNTA NACIONAL
Bogotá, 31 de julio 2023
