Llevamos un año desde que el gobierno Duque decretó la crisis sanitaria, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, desde el primer momento, esta declaratoria llenó de incertidumbre a todos los sectores económicos y sociales del país como a nivel internacional; ver tambalear la economía de mercado global es un hito histórico y para los sectores populares la gran preocupación es que dicha crisis sanitaría dispararía la pobreza en los menos favorecidos, por ende la clase trabajadora que presenta altos índices de informalidad a nivel nacional (68% de informalidad).
El año 2020 se cerró con una tasa de desempleo de 16% (Dane), una inflación del IPC de 1,61% datos desalentadores para la sociedad colombiana, los sectores más golpeados fueron bares, turismo, comercio para quienes las pérdidas están por encima del 45%, mientras la industria y la construcción presentaron pérdidas del 12 y 4.5 % respectivamente; por su parte el sector financiero tuvo utilidades de 24 billones de pesos según la misma ANIF. Estas brechas económicas y sociales desencadenaron una grave crisis económica, donde los trapos rojos eran la cotidianidad de las principales barriadas de todo el país exigiendo desde el primer momento la necesidad de una Renta Básica a lo cual el gobierno nacional no le ha prestado la atención pertinente y por el contrario privilegia al sector financiero apoyándolo en créditos y subsidios.
Desde un principio las centrales obreras, los comités de paro y las organizaciones sociales han hecho el llamado para que el gobierno colombiano apruebe la Renta Básica, iniciativa promovida desde Naciones Unidas y la Cepal, quienes les han recomendado a los gobiernos “crear un ingreso de emergencia que permita a los sectores más golpeados de la población sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus”. Una de las grandes preocupaciones tiene que ver con los trabajadores informales que son más del 60% de la población económicamente activa quienes no pueden generar ingresos estables y mucho menos cuentan con ahorros para la supervivencia.
Desde SINDESENA, respaldamos el proyecto de ley “Por medio del cual se crea el programa de Renta Básica como política permanente de Estado en condición de derecho de ciudadanía y se dictan otras disposiciones” Esta iniciativa popular es una bandera cardinal en el marco de los derechos fundamentales para la población colombiana y en especial para jóvenes y mujeres quienes han sido los más golpeados producto de la crisis sanitaria y que el gobierno colombiano ha sido incapaz de resolver.
