El presupuesto tiene una particularidad que no admite interpretaciones: solo cumple su propósito cuando se ejecuta. Las apropiaciones representan una intención, los certificados de disponibilidad una garantía y los contratos un compromiso; pero únicamente la ejecución convierte los recursos públicos en infraestructura al servicio de la Formación Profesional Integral. A pocos meses del cierre de la vigencia fiscal, el principal desafío para la Entidad ya no consiste en disponer de recursos, sino en demostrar la capacidad institucional para ejecutarlos con oportunidad, eficiencia y responsabilidad.
Al corte de julio 23 de 2026, el Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Física registra una apropiación vigente de $250.000 millones, de los cuales $243.215 millones (97,29 %) cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, reflejando que la etapa de planeación y asignación de recursos prácticamente ha concluido. Asimismo, los compromisos alcanzan $147.817 millones, equivalentes al 59,13 % del presupuesto vigente, evidenciando un avance significativo frente a los primeros meses de la vigencia. Sin embargo, el análisis no puede limitarse a reconocer estos resultados; también obliga a mirar con objetividad aquello que aún está pendiente. Actualmente permanecen $102.183 millones sin comprometer, equivalentes al 40,87 % del presupuesto disponible, mientras que la ejecución financiera apenas alcanza el 5,60 %. Esto significa que una parte importante de las inversiones aún no se ha traducido en contratos ejecutados, obras terminadas ni mejoras efectivas para los ambientes de formación. Los recursos ya fueron apropiados, distribuidos y puestos a disposición de las regionales; el desafío ahora es convertirlos en resultados tangibles.
ALERTA POR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SENA
