El silencio del director general, Ricardo Torres, lo puede convertir en cómplice. ¡Exigimos respeto y soluciones inmediatas!
Desde el Sindicato de Empleados Públicos del SENA – SINDESENA, organización que reúne al mayor número de trabajadores y trabajadoras sindicalizados de la entidad, expresamos nuestra profunda preocupación e indignación frente a las numerosas manifestaciones de inconformidad recibidas de servidores públicos y contratistas de la Dirección General y de las regionales visitadas por delegaciones directivas, así como de personas que han tenido contacto con representantes del nivel directivo nacional. Los testimonios dan cuenta de un ambiente de hostilidad, descalificación, marginación y desconocimiento de la trayectoria de quienes han sostenido con compromiso, responsabilidad y conocimiento técnico, el funcionamiento institucional.
Resulta inadmisible que, mientras el director general realiza reiteradas manifestaciones, sobre presuntos hechos de corrupción —cuya investigación y sanción, de llegar a confirmarse, compartimos plenamente—, se termine estigmatizando al conjunto de trabajadores y trabajadoras. SINDESENA ha presentado durante años numerosas denuncias que, lamentablemente, permanecen largos periodos en las instancias de control disciplinario y, en varios casos, con archivos sin explicaciones suficientes para nuestra organización, permitiendo que persistan situaciones cuestionadas. Se ha vuelto costumbre en este gobierno, la publicación de titulares llamativos, como parte de una especie de espectáculo; pero combatir la corrupción, exige investigaciones rigurosas, decisiones oportunas y respeto por el debido proceso; no puede convertirse en justificación para señalar indiscriminadamente a quienes laboran en la entidad. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a que su responsabilidad se establezca mediante los procedimientos correspondientes.
Especial atención y rechazo, generan las supuestas manifestaciones de la directora de planeación, Ana María Vega López, a quien se atribuye haber calificado como «inservibles» a algunos trabajadores y trabajadoras que actualmente hacen parte del SENA. De confirmarse semejante expresión, constituiría una descalificación inaceptable de las capacidades, la experiencia y la dignidad de quienes contribuyen a la misión institucional. A ello se suman las actuaciones, expresiones y silencios de la secretaria general, Angélica María Rodríguez Andrade que, según los testimonios recibidos, son percibidos como muestras de hostilidad y desconocimiento de los servidores de la entidad. Su comportamiento sombrío y descalificador no puede pasar inadvertido ni convertirse en una forma de relacionamiento institucional. Se suma al grupo de maltratadores, la directora de empleo, Ana María Yepes Sarmiento, sobre quien se han recibido quejas en ese sentido.
En la Dirección Administrativa y Financiera también se han expresado inconformidades. Aunque algunos trabajadores reconocen el trato adecuado del director Omar Alejandro Luna Mendoza, señalan que una contratista de su despacho estaría ejerciendo una influencia que, a juicio de quienes han manifestado su preocupación, excedería el papel que le corresponde, generando un ambiente laboral poco saludable y desconociendo las responsabilidades históricamente asumidas por servidores y servidoras de esas áreas. Es inadmisible el menosprecio por el trabajo de quienes durante años han sostenido la gestión administrativa y financiera con dedicación, solvencia técnica y responsabilidad.
Las situaciones reportadas no se limitan al personal de planta. Contratistas manifiestan estar siendo relegados, marginados o desplazados de sus responsabilidades; en algunos casos, ni siquiera cuentan con un espacio para desarrollar su objeto contractual o reciben orientaciones claras sobre las actividades que deben ejecutar, pese a que sus contratos establecen obligaciones y entregables precisos. También se han señalado relevos de personas por supuestas desconfianzas, sin justificaciones técnicas conocidas y sin considerar las consecuencias para la continuidad de los procesos institucionales. A esto se agregan presiones para vincular contratistas con honorarios que, según las inconformidades recibidas, excederían lo que corresponde a sus perfiles profesionales.
