Una de las principales tareas y objetivos del gobierno del cambio fue plasmar en su Plan de Desarrollo reformas estructurales como la Agraria, la salud, pensional y laboral entre las más importantes para sentar las bases de los procesos de transformación democrática y progresista que las políticas neoliberales y los gobiernos de derecha le despojaron a la población en general y la clase trabajadora.
Luego de casi tres años de debates intensos en el Congreso de la República, la apuesta central de la derecha colombiana era sabotear y torpedear cualquier intento de avance de las reformas sociales, sin embargo, producto del trabajo en el legislativo por parte de los congresistas aliados, el gobierno y la movilización popular, en particular la liderada por SINDESENA, el COES y el CJT se logró aprobar la reforma pensional en el 2024 y la reforma laboral 2446 de 2025.
En este sentido la reforma laboral logró aprobarse en el Congreso de la República, sin que el pueblo acudiera a la consulta popular, por el mismo temor de la derecha de que los sectores populares dieran el paso decisivo hacia una constituyente.
Sin embargo, una vez aprobadas las reformas pensional y laboral, la estrategia de la derecha ha sido demandarlas ante la Corte Constitucional, argumentando vicios de procedimiento, para tumbarlas por la vía jurídica, desconociendo así el respaldo en las calles del pueblo en general.
La nueva amenaza ahora está centrada en la reforma laboral y en especial el artículo 21 que habla del CONTRATO DE APRENDIZAJE, el argumento de la demanda es el siguiente: piden “suspender los efectos de este artículo en cuestión es que, se rompió el principio de publicidad y que además se alteró la voluntad democrática del Senado y que por ende su aprobación constituye un vicio insubsanable que la Corte Constitucional debería declarar inexequible”.
Este tipo de sabotajes son orientados principalmente por los gremios económicos como la ANDI, FENALCO, LA SAC y los partidos de derecha y extrema derecha, desde una visión sórdida de no querer reconocer los derechos básicos de primer empleo que significa el CONTRATO DE APRENDIZAJE, esta postura en contra de los jóvenes tiene que ver con dos temas importantes para la construcción de democracia.
El primero es el derecho de asociación de los jóvenes aprendices, como ya lo ha expresado Bruce Mac Master, que los jóvenes se asocien o sindicalicen es un despropósito y el segundo tema, son los costos económicos básicos que tiene los jóvenes en sus nuevas garantías económicas y laborales; entre ellas vemos que al garantizar un SMLV, los cerca de 300.000 aprendices en un año están recuperando solo en factor salarial alrededor de 1.3 billones de pesos, pero además de esto, todos los aprendices con contrato de aprendizaje, se afilian a la caja de compensación familiar, por lo que tienen acceso al subsidio familiar, que solo en aportes son más de 205 mil millones de pesos que se ven retribuidos para nuestros aprendices.
La JUNTA NACIONAL DE SINDESENA rechaza categóricamente esta nueva amenaza contra la reforma laboral y en especial contra el contrato de aprendizaje. Por eso invitamos a todos nuestros afiliados, aprendices y comunidad en estar en máxima alerta y defender la reforma laboral.
