Foto: Habitantes de una comunidad empujan un camión en una carretera rural en Paraguachón (La Guajira), en noviembre. CHELO CAMACHO
El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició el salto en el modelo de contratación pública para dar fuerza a las organizaciones populares. Convencido de que los dineros del Estado han profundizado la desigualdad en Colombia al concentrarse en empresas con músculo económico, el mandatario ha abierto el camino a la contratación directa con agrupaciones comunitarias para la ejecución de obras o compra de bienes hasta por 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, unos 7.800 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares). Ya van 1.035 convenios firmados para adecuar vías veredales, en la cuota inicial de una puesta más grande.
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