Hoy fue publicado el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2023. La austeridad fiscal se profundiza al tiempo que el servicio de la deuda devora los escasos recursos. Al SENA no se le cumple con la garantía, no se avizora el pago de la deuda histórica y por tanto continúa la lucha por el presupuesto.
El debate del PGN para 2023 sin duda estará cargado de polémicas y cuestionamientos. No es para menos, además de la vulnerabilidad macroeconómica ante una recuperación fallida, la tensión internacional creciente en materia geopolítica y el persistente crecimiento general de los precios a nivel global, se suma una particularidad doméstica: la coyuntura electoral de Colombia. Ante el muy probable escenario de un gobierno alternativo, dejar raspada la olla o por lo menos afectados los grados de libertad del gobierno entrante, sin duda acarreará grandes polémicas. Y para tal efecto no es necesario esperar a la radicación del proyecto de PGN ante las comisiones económicas, el Anteproyecto radicado hoy ya nos revela factores de tensión.
Para la muestra solo un botón: la deuda pública. El gobierno saliente de Iván Duque le coloca a la cuenta del servicio de la deuda pública un total de 83,8 billones de pesos en 2023, rubro que en términos nominales crecería 22,5%, esto es, los acreedores del Estado (bancos, fondos y otros) recibirían 15 billones de pesos más de lo apropiado en la actual vigencia. El gobierno puede justificar el vencimiento de los papeles, sin embargo, tal crecimiento bien podría haber sustentado una renegociación, más para un país que sufre los rigores del hambre y el desempleo.
Precisamente con el hambre, la cual se oculta de los mapas de los informes de la FAO, bajo lo establecido en el Anteproyecto del PGN tenderá a agravarse. El discurso del gobierno saliente que propone medidas para aliviar los efectos del encarecimiento de los insumos y la supuesta recuperación y defensa de la producción nacional queda en el vacío ante el corte abrupto que le propinan al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: una reducción del 40%, pasando de 1,3 billones de pesos en la actual vigencia a apenas 770 mil millones en 2023. El rubro de inversión del sector se reduciría en 50%.
El presupuesto del SENA no escapa a los ataques de la austeridad cruel del gobierno de Iván Duque. De acuerdo con el Anteproyecto del PGN para 2023, el presupuesto de la entidad pasaría de 4,054 billones de pesos en 2022 a 3,9 billones de pesos, es decir, una reducción de 3,8%. Esta reducción se explica por el menor aporte nacional, el cual decrecería en 10% (de 2,290 billones en 2022 a 2,070 billones en 2023).
Esto como ya se ha afirmado en otras oportunidades es un efecto, tanto de las prioridades del gobierno como de las reformas a la financiación del SENA que suprimieron gran parte de los parafiscales. Al respecto conviene señalar que los recursos propios del SENA representados en parafiscales sobrantes crecerían en aproximadamente 5%. Esta reducción del presupuesto del SENA sin duda es ilegal, pues desconoce la garantía presupuestal dispuesta en la Ley 1819 de 2016 (parágrafo 2 del artículo 102), que para 2023 implicaría un aporte nacional de mínimo 2,5 billones de pesos. Se afirma que sería un mínimo porque implicaría suponer el cumplimiento de la meta de inflación establecida por el Banco de la República y reiterada en los parámetros de programación presupuestal del Anteproyecto (4,3%). Sin embargo, el cumplimiento de esa meta es prácticamente imposible ante el crecimiento persistente de los precios que ya rompió las previsiones más optimistas en el primer trimestre[1] y que ha llevado a una subida desproporcionada de las tasas de interés (manejo equivocado, pues la cual es una oferta limitada y no la demanda cada vez más deprimida).
Sin embargo, algunos analistas esperan una tasa de inflación para final de año de aproximadamente 6,4%, lo que implicaría una garantía presupuestal del SENA de aproximadamente 2,6 billones de pesos, es decir 600 mil millones más que lo dispuesto en el Anteproyecto del PGN 2023.
Así, 2022 nuevamente coloca presión sobre la garantía de materialización del derecho a la formación profesional integral y de otros derechos de los trabajadores. La lucha por la defensa del SENA y los trabajadores no para, este gobierno no dará sosiego en el castigo a los derechos de la población hasta el último día.
[1] Mayores detalles, véase: https://www.portafolio.co/economia/en-vivo-inflacion-en-colombia-marzo-de-2022-563754
