El Sindicato de Empleados Públicos del SENA – SINDESENA rechaza de manera enérgica los señalamientos formulados por el exdirector del SENA y hoy asesor del director general, Darío Montoya Mejía, contra nuestra organización y sus dirigentes. Consideramos que constituyen un mensaje soterrado, malintencionado y carente de fundamento, que estigmatiza la actividad sindical y puede agravar los riesgos para quienes defienden legítimamente los derechos laborales y la formación profesional integral.
Rechazamos las acusaciones infundadas que pretenden responsabilizar a SINDESENA de supuestas agresiones ocurridas hace aproximadamente 20 años, durante una visita de Darío Montoya al SENA en el Valle del Cauca, que, según la información disponible, no fueron denunciadas ante las autoridades. Estos señalamientos estigmatizan al sindicalismo y ponen en riesgo a sus representantes. Montoya acusa a SINDESENA, presidido entonces nacionalmente por Aleyda Murillo Granados, actual vicepresidenta, de haberlo agredido durante dicha visita. Según la información atribuida al propio exdirector, ingresó al complejo de Salomia, en Cali, acompañado de 17 escoltas y, aun así, fue agredido. Rechazamos este señalamiento y exigimos pruebas verificables.
Este caso recuerda lo ocurrido con Gina Parody, también exdirectora del SENA, en las instalaciones de la entidad en Manizales, donde afirmó estar secuestrada, pese a que, según los antecedentes conocidos públicamente, ingresó y salió sin impedimentos del SENA y estuvo acompañada por un amplio dispositivo policial. Rechazamos la instrumentalización de estos señalamientos para desacreditar a SINDESENA y desviar la atención de los cuestionamientos institucionales.
La gestión de Darío Montoya al frente del SENA, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) estuvo marcada, según las denuncias y los cuestionamientos sostenidos por nuestra organización, por decisiones que comprometieron el carácter público, social y misional de la entidad. Entre ellas se encuentran el impulso a la participación de intereses privados en la formación profesional con fines de rentabilidad; la asignación de recursos y financiación a incubadoras de base tecnológica, bajo cuestionamientos sobre la transparencia de los procedimientos y la selección de sus beneficiarios, algunas de las cuales fueron objeto de denuncias por presuntos vínculos con grupos paramilitares, hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes; los intentos de desestructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los ambientes de formación; y la implementación de programas de educación superior sin el cumplimiento de los requisitos legales. A lo anterior se sumaron la expansión desmedida de la formación virtual, sin suficiente análisis pedagógicos ni consideración de las condiciones de acceso de la población, el debilitamiento de las garantías de capacitación y bienestar de los trabajadores y trabajadoras, el presunto estímulo al paralelismo sindical, la entrega de dádivas para doblegar voluntades y la persecución de quienes se oponían a sus decisiones.
Estas políticas, según los cuestionamientos de SINDESENA, deterioraron la calidad y pertinencia de la formación profesional y desconocieron la vocación fundacional del SENA: garantizar oportunidades de formación a los sectores con mayores barreras de acceso a la educación y al empleo. Imponer requisitos de escolaridad que excluyen a quienes no han tenido acceso a la educación formal desnaturaliza su misión social y profundiza la desigualdad, al privilegiar a quienes no están buscando formación ocupacional, ya cuentan con ventajas educativas y marginar a quienes más necesitan formación y movilidad social.
A este panorama se sumaron cambios en la estructura orgánica que afectaron el funcionamiento institucional y una reestructuración que ocasionó la desvinculación de 574 trabajadores. Para SINDESENA, estas decisiones comprometen la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los fines sociales de una entidad al servicio de los trabajadores, las comunidades populares y los sectores históricamente excluidos.
