Cinco agresiones presupuestales en dos meses del Gobierno de De La Espriella

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, que juró en campaña que fortalecería al SENA, vuelve a golpear la entidad. En apenas dos meses, las decisiones y actuaciones presupuestales configuran al menos cinco agresiones contra la financiación de la entidad: el incumplimiento de la garantía presupuestal, la falta de recursos para comenzar a pagar la deuda histórica, el bloqueo de recursos, el recorte de $500.000 millones de inversión y la desfinanciación de las necesidades de infraestructura y atención de emergencias.

Incumplimiento de la garantía presupuestal. El anteproyecto del SENA para 2027 contemplaba $8,541 billones. La primera propuesta presentada al Congreso, el 20 de julio, asignaba $8.513.499.587.411; posteriormente, la nueva propuesta del 27 de agosto redujo esa cifra a $8.013.499.587.411. Son $500.000 millones menos, que afectan directamente la inversión institucional.
Desconocimiento de la deuda histórica. En las mesas técnicas se reconoció una deuda de $4,7 billones por menores asignaciones de recursos de la Nación entre 2013 y 2022. También se proyectó para 2027 una garantía cercana a $4,4 billones. Sin embargo, la propuesta cuestionada no contempla recursos para comenzar a pagar esa deuda.
Bloqueo de recursos. SINDESENA ha denunciado el intento de bloquear $719.000 millones del presupuesto institucional. Por razones legales, fue necesario liberar los recursos propios y una parte de los demás recursos; sin embargo, se mantiene un bloqueo de al menos $86.793.623.868 millones. La situación exige esclarecer qué recursos continúan aplazados, congelados o pendientes de incorporación y garantizar su recuperación.
Recorte de $500.000 millones para infraestructura. De acuerdo con la información presupuestal, el rubro previsto para planta física e infraestructura pasaría de $691.590 millones, bajo el escenario de garantía, a aproximadamente $191.590 millones. Se elimina así el incremento proyectado para responder a las necesidades identificadas por el SENA.
Desfinanciación de obras y atención de emergencias. Mientras persisten necesidades urgentes en las sedes y afectaciones físicas en distintas regionales, se reducen los recursos disponibles para atenderlas. Esta decisión amenaza la continuidad de obras en ejecución, los reforzamientos estructurales, las adecuaciones prioritarias y la solución de problemas que han obligado a realizar costosos arrendamientos. Recordemos que, en los debates del Congreso en las comisiones económicas, quedó claro que, además de los $500.000 millones requeridos para atender las necesidades de infraestructura, se necesitaban cerca de $498.000 millones para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.